Seguros privados piden veto en seguro agrícola
La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) pidió al presidente Lenín Moreno que vete parcialmente la Ley de Fomento Productivo, en cuanto al seguro agrícola. En una carta fechada 29 de junio, el secretario ejecutivo, Patricio Salas, asegura que la ley “tal como está redactada” obligaría a todas las empresas de seguros a ofrecer un seguro agropecuario, lo cual es “imposible de cumplir”.
En la ley se indica que “la autoridad competente regulará y controlará que las entidades nacionales y extranjeras que ofrecen servicios de seguro en el país cuenten con línea de seguros agropecuarios, para todos los sistemas, tipos de producción y productos”.
De acuerdo con la misiva, “los seguros agropecuarios son muy especiales y requieren una capacidad técnica y de gestión muy propia de dichos riesgos”. En este sentido, le piden al presidente que considere estas reflexiones en el veto de la ley que podría ser emitido en los próximos días.
Carla Apolo, coordinadora jurídica del gremio de seguros privados, explicó que lo que más les preocupa es la redacción en la normativa, que establece que la oferta de este tipo de seguros es obligatoria para todas las empresas.
El responsable de incluir el seguro agrícola en la ley, el asambleísta Patricio Donoso (CREO), dijo que está de acuerdo con las empresas privadas en que no se puede obligar a un negocio a tomar una línea de manera obligatoria.
La aseguradora estatal Seguros Sucre sí cuenta con este servicio. Su gerente general, Dayan Argüello, dice que desde 2013 han asegurado a 322.559 agricultores en eventos climáticos y biológicos.
Las hectáreas aseguradas ascienden a 1,17 millones; mientras que las primas recaudadas llegaron a $ 63,7 millones y los siniestros pagados, a $ 45,9 millones. Solo en 2017 se aseguraron a 64.260 agricultores en 231.576,5 ha. En lo que va del 2018, se ha cubierto a 40.105 agricultores en 128.216 ha.
Argüello explica que el seguro agrícola de Sucre cuenta con subsidio del Estado. En este modelo, el agricultor paga 40 % de la prima y el Estado, 60 %.
Explica que ciertos años la empresa ha registrado números rojos. Por ejemplo, en 2017 se cobraron $ 14,7 en primas y se pagaron $ 19,5 millones.
Argüello indica que ellos han podido hacer frente a estas pérdidas porque tienen reaseguros importantes y que con los reaseguradores pueden soportar estos riesgos a largo plazo.
Aseguró que Sucre está dispuesta a apoyar al Gobierno en el seguro agrícola y comentó que posiblemente por los importantes riesgos que existen las privadas no se sienten atraídas por esta línea de negocio.
En todo caso consideró que no es justo que “le quieren dejar a Sucre lo que no les interesa porque probablemente no genera la rentabilidad que ellos esperan”.